Si te estás preguntando cuánto cobra un abogado por un proceso de desahucio, la respuesta corta es que en España el coste orientativo suele oscilar entre 300 y 1.500 euros, dependiendo de la complejidad del caso, la fase del procedimiento y si existe o no oposición del inquilino. En este artículo te explicamos con detalle qué factores influyen en el precio, qué incluye normalmente el servicio y qué otros gastos debes prever antes de iniciar una demanda de desahucio.
Factores que determinan el precio de un abogado de desahucios
El coste de los honorarios no es fijo porque depende de varias circunstancias concretas de cada caso:
Tipo de desahucio
No es lo mismo un desahucio por falta de pago de la renta que uno por expiración del plazo contractual o por necesidad del propietario. Los procedimientos por impago suelen ser más frecuentes y, en general, algo más estandarizados en cuanto a honorarios, mientras que otros supuestos pueden requerir más trabajo de preparación documental.
Existencia de oposición del inquilino
Si el inquilino no se opone y no comparece, el procedimiento suele resolverse con mayor celeridad, lo que reduce las horas de trabajo del abogado y, por tanto, el coste final. Si hay oposición, se celebra vista y el abogado debe preparar prueba, asistir a juicio y, en su caso, recurrir, lo que incrementa los honorarios.
Honorarios fijos o por fases
Muchos despachos ofrecen presupuestos cerrados para desahucios sin oposición (habitualmente entre 300 y 600 euros orientativos), mientras que en procedimientos más complejos se cobra por fases: demanda, vista y ejecución/lanzamiento, pudiendo superar los 1.000-1.500 euros orientativos en total.
Legislación aplicable en 2026
El procedimiento de desahucio en España se regula principalmente en la Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000), en sus artículos relativos al juicio verbal de desahucio (arts. 440 y siguientes, y 220 y siguientes según el supuesto), así como en la Ley de Arrendamientos Urbanos (Ley 29/1994), que regula los derechos y obligaciones entre arrendador e inquilino. Además, deben tenerse en cuenta las modificaciones introducidas por normativa posterior en materia de protección de personas vulnerables frente al desalojo, cuya aplicación concreta conviene siempre verificar con un abogado, ya que pueden existir actualizaciones o suspensiones temporales vigentes en según qué comunidades autónomas.
Pasos del procedimiento de desahucio
- Requerimiento previo: el propietario reclama la deuda o el desalojo, habitualmente mediante burofax.
- Presentación de la demanda: el abogado redacta y presenta la demanda de desahucio ante el juzgado competente del lugar donde se ubica la vivienda.
- Admisión y notificación: el juzgado admite la demanda y notifica al inquilino, dándole un plazo orientativo para pagar, oponerse o abandonar la vivienda.
- Vista o resolución sin oposición: si no hay oposición ni pago, se dicta decreto dando por terminado el procedimiento; si hay oposición, se señala vista.
- Sentencia: el juez resuelve sobre el desahucio y, en su caso, sobre la reclamación de rentas.
- Lanzamiento judicial: si el inquilino no abandona voluntariamente la vivienda, se fija fecha para el lanzamiento con intervención judicial.
Costes orientativos totales del proceso
Además de los honorarios del abogado, conviene tener en cuenta otros gastos asociados:
- Procurador: entre 150 y 400 euros orientativos, según el partido judicial y la complejidad.
- Tasas judiciales: las personas físicas suelen estar exentas, pero conviene confirmarlo según el tipo de arrendador.
- Gastos de notificación y diligencias: variables según el juzgado.
En conjunto, un desahucio sencillo sin oposición puede suponer un desembolso orientativo de entre 500 y 1.000 euros incluyendo abogado y procurador, mientras que un procedimiento con oposición, recursos o ejecución hipotecaria asociada puede superar esa cifra.
Desahucio y ejecución hipotecaria: ¿es lo mismo?
No. El desahucio se refiere normalmente a la finalización de un contrato de arrendamiento, mientras que la ejecución hipotecaria es el procedimiento por el cual un banco reclama el pago de una hipoteca impagada y puede derivar en el lanzamiento judicial del propietario. En ambos casos existen mecanismos de paralización del desahucio o de la ejecución cuando concurren circunstancias de vulnerabilidad, que deben valorarse caso por caso con asesoramiento legal especializado.
Derechos del inquilino y del propietario
Tanto el inquilino como el propietario tienen derechos reconocidos por ley. El inquilino tiene derecho a ser notificado correctamente, a un plazo para pagar o desalojar, y en determinados supuestos a solicitar la suspensión temporal del lanzamiento si acredita situación de vulnerabilidad. El propietario, por su parte, tiene derecho a recuperar la posesión de su vivienda y a reclamar las rentas impagadas junto con los intereses correspondientes.
Preguntas frecuentes sobre el coste de un abogado de desahucios
¿Cuánto cuesta un abogado para un desahucio express?
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